(09.08.2018) Con el particular nombre de “Cinco” se pondrá en marcha en Rosario el Centro de Investigación del Narcotráfico y el Crimen Organizado, en un edificio que fue cedido ayer al Ministerio de Justicia de la Nación para que en un mismo lugar trabajen fiscales federales y provinciales, además de otras áreas vinculadas con las investigaciones, para trazar “una estrategia conjunta y coordinada” en la lucha contra el tráfico de estupefacientes y la violencia que se derrama de ese delito.

Este nuevo diseño de investigación criminal que plasmó la cartera del ministro Germán Garavano es inédito en el país. Será la primera vez que en un solo lugar físico confluyan distintas áreas de la Justicia, fuerzas de seguridad y organismos que tienen relación con los casos de delitos complejos, como la Unidad de Información Financiera, Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) y Protección de Testigos, entre otros.

Este nuevo centro de investigación, según señalaron fuentes del Ministerio de Justicia, abordará la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero como prioridades. Esta última es una asignatura pendiente en materia de investigación contra las bandas narcocriminales en Rosario. Se buscará “atacar las fuentes de financiamiento para desarmar las organizaciones delictivas”, por lo que se instalará una oficina de la UIF.

La otra área sensible es la de “protección y acompañamiento a las víctimas de delitos”. Rosario es una de las ciudades donde más testigos protegidos hay por casos de narcotráfico. También se apuntará a “determinar y analizar las modalidades delictivas más usuales para diseñar actividades policiales preventivas y brindar seguridad pública”, en un trabajo coordinado entre fiscales de los dos fueros y fuerzas de seguridad. El quinto objetivo será “la coordinación y cooperación en materia internacional en materia de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”.

Martín Casares, jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia, aseguró en diálogo con LA NACION que “en el marco de Argentina sin Narcotráfico, el gobierno nacional está avanzando en un paso fundamental que es el trabajo en conjunto entre autoridades nacionales y provinciales para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. La idea es que la infraestructura ayude al trabajo conjunto con una nueva dinámica que permita avanzar de manera eficaz en la investigación y persecución de delitos complejos”.

En una ciudad golpeada por la violencia que supura los ataques contra funcionarios judiciales y enfrentamientos entre bandas narco existe actualmente una coordinación entre las fuerzas federales y la policía de Santa Fe. Esa relación tuvo vaivenes y desconfianzas mutuas desde el primer desembarco de la Gendarmería en abril de 2014. Pero en materia de investigación criminal entre la Justicia Federal y la provincial nunca se había avanzado hasta ahora de manera formal hacia el paradigma de una estrategia conjunta. “Casi ni se conocen las caras”, graficaron.

Los clanes

Los primeros pasos de trabajo coordinado se dieron en la causa que impulsó la Procuración de Narcocriminalidad (Procunar) y fiscales provinciales para detener a la banda de los Funes, que a fines de abril fueron procesados por narcotráfico y por delitos del fuero provincial, como homicidios, tenencia ilegal de armas y usurpaciones.

Se avanzó a partir de la investigación sobre un vendedor de droga al menudeo para terminar desarticulando la conducción de la banda, que tenía tomado un sector del barrio Municipal, de la zona sur de Rosario, donde intervino la Gendarmería y se puso en marcha el plan Abre Familia, un programa social del gobierno de Santa Fe que comprende distintas problemáticas.

Otro caso de actualidad que sirve para mostrar el contraste con la investigación sobre la banda de los Funes, es el caso de Los Monos. La Justicia provincial empezó a investigar a esta banda narcocriminal en 2013, tras un raid de venganzas con decenas de muertos originado en el asesinato de Claudio “Pájaro” Cantero.

En el fuero federal recién se procesó a esta banda a fines de 2015. Las pujas y discusiones por la jurisdicción de las investigaciones entre los funcionarios provinciales y federales fueron habituales. Los que obtuvieron mayores beneficios por esta tensión entre los funcionarios fueron los miembros de la organización narcocriminal, que recién serán juzgados por narcotráfico en septiembre próximo.

Con el proyecto Cinco, el Gobierno apunta a que limen estas deficiencias del sistema y se aprovechen los recursos del Estado para combatir el crimen organizado, en una ciudad donde este año se produjeron 117 asesinatos. En su gran mayoría fueron crímenes por ajuste de cuentas.

Este proyecto comenzó a gestarse a partir de las reuniones que funcionarios del Ministerio de Justicia tuvieron con miembros de los Ministerios Públicos federales y provinciales en los últimos tiempos, y se empezó a cristalizar a partir de ayer, cuando en el Boletín Oficial de la Nación se publicó que la Agencia de Administración de Bienes del Estado asignó un edificio de 810 metros cuadrados al Ministerio de Justicia de la Nación. Antiguamente funcionaba allí una dependencia del exministerio de Obras Públicas, y ahora hay una delegación de la cartera de Salud y de empleados del Monumento a la Bandera.

Fuerzas de seguridad

Si bien cada grupo trabaja con autonomía en la mayor parte de los operativos, las unidades de la Gendarmería y de la Policía Federal que colaboran con las investigaciones criminales en Rosario también realizan procedimientos especiales con unidades tácticas de la policía de Santa Fe. En los últimos días se desarrollaron varios allanamientos en los que tomaron parte tanto los efectivos provinciales como los federales. El primer desembarco de gendarmes en Rosario se produjo en 2014 y tras una etapa inicial de desconfianza hoy las fuerzas federales y provinciales tienen una mesa de coordinación.

La Justicia

La iniciativa de instalar en Rosario un comando unificado de investigaciones puede originar mayores cambios en el área judicial. La Procuración de Narcocriminalidad dio los primeros pasos al trabajar con los fiscales provinciales en las causas que derivaron este año en el arresto del clan Funes. En cambio, los expedientes contra Los Monos avanzaron por canales diferentes. La justicia provincial tomó el caso a partir de en 2013 por asesinatos, mientras que los tribunales federales juzgarán a Los Monos por primera vez en septiembre próximo.

Fuente: La Nación – Germán de los Santos–