En un escrito que presentó el jueves ante el juez federal Claudio Bonadio, Pizzaro Posse presentó un documento que contiene números de cuentas bancarias que serían parte de “la contabilidad creativa” de la empresa belga Jan de Nul, socia de Emepa de Gabriel Romero en el consorcio que tiene la concesión de la hidrovía.

La concesión del sistema canales de navegación que unen Santa Fe con el océano fue prorrogada y ampliada por 8 años más por un decreto de la presidenta Cristina Kirchner, a principios del año pasado.

Según la denuncia, Hidrovía gana, por las tareas de dragado, señalización del sistema de canales que atraviesa el río Paraná y el cobro de peaje en dólares a los buques de ultramar, unos “120 millones de dólares por año”. La empresa Hidrovía ha rechazado siempre las denuncias de Pizarro Posse y afirmado que toda su actuación se realiza en “los términos que dicta la ley”.

La batalla judicial entre Hidrovía y Pizarro Posee tiene más de 15 años. La primera denuncia terminó con una falta de mérito para los directivos de Hidrovía que, hasta fines del año pasado, se debatía en la Cámara Nacional de Casación Penal. La empresa quería lisa y llamamente el sobreseimiento por la primera licitación realizada durante el gobierno del ex presidente Carlos Menem.

El abogado denunciante dijo en un escrito, que acompañó al documento con las cuentas bancarias, que los supuestos sobornos se habrían pagado a través de “empresas no consolidadas” del grupo belga Jan De Nul. Además, afirmó que directivos de Jan De Nul se habrían contactado con Manuel Vázquez , el ex asesor clave del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. Subrayó que de Jaime dependía la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables que es el órgano de control de la concesión. Esas empresas no consolidadas sobrefacturarían obras en países como la India para ocultar las supuestas coimas. Pizarro Posse nombró a la empresa Hidrofin S.A. como la beneficiaria de los giros a través de cuentas del Barclays Bank de Mauricio que identifica con números y códigos de transferencia. Y aseguró que los pagos sospechosos empezaron en 1993/4.