La redistribución de partidas alcanza a unos $3.800 millones, de los que $3.596.868.657 fueron detraídos al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, un organismo creado en 1995 "con el objetivo de prestar apoyo a las reformas del sector público provincial argentino y de promover el desarrollo económico de las provincias", según indica su página web. Se trata de dinero que los gobernadores esperaban ansiosos y con la que ahora no podrán contar (por otra parte, es una quita que seguramente sufrirán en menor medida los mandatarios provinciales aliados al Gobierno nacional).

 Otros fondos provinieron de recortes presupuestarios de diferentes ministerios y de "recursos provenientes del cobro de tasas" de diferentes organismos, como el Registro Nacional de las Personas (67,6 millones de pesos), o saldos no utilizados de préstamos de organismos multilaterales de créditos, como el BID o el Banco Mundial.

De acuerdo con lo detallado, se dispuso recortar $28 millones de créditos presupuestarios destinados al desarrollo sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo y otorgar $25 millones al Programa "Fútbol para todos".

Entre otros detalles de las planillas anexas, figuran $15 millones para "actividades centrales" de la Secretaría General de la Presidencia, cuyo destino no se especifica, ya que está rotulado como "otros NEP", es decir "no especificados precedentemente".

El rubro más beneficiado con las reasignaciones fue el energético: Cammesa recibió $900 millones; Enarsa $100 millones; la represa de Yacyretá $100 millones; Aysa $280 millones; Yacimientos Carboníferos Río Turbio $100 millones; y Nucleoelectrica Argentina S.A. $150 millones.

Otra área que fue favorecida fue transporte. En concepto de subsidios al sector se destinaron $650 millones; mientras que para Vialidad Nacional se giraron $602 millones. Además, Aerolíneas Argentinas recibió $243 millones; al tren Belgrano $183 millones; $17 millones para el sistema ferroviario; y Ar-Sat -satélites- $100 millones.

Por otro lado, también recibirán dinero el Poder Legislativo ($95 millones); Cancillería ($10 millones); Justicia ($30 millones); Salud ($100 millones) y Ciencia y Tecnología ($83,5 millones). Para las Universidades se destinaron $144 millones y para ANSeS $234 millones.

También se otorgaron recursos fuerzas de seguridad, la agencia de noticias Télam y Canal 7.

En el detalle de las partidas modificadas por el Poder Ejecutivo se constató que la Cámara de Diputados de la Nación recibió una partida extra de $95,38 millones para "atender gastos de personal" en el Parlamento nacional, al tiempo que se dispuso además readecuar en más de $28 millones presupuestados y que tenían por destino el Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza Riachuelo.

La Casa Rosada procedió además a adecuar los créditos destinados al ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuyo presupuesto tenía por destino el financiamiento de gastos operativos emergentes de dicha cartera.

También se dispuso cumplir con el destino de fondos para la Armada ($4,9 millones) y la Fuerza Aérea ($22,9 millones) con el fin de atender los gastos derivados del incremento del salario mínimo, vital y móvil aprobado en agosto pasado y las modificaciones que en materia de rangos, topes y montos de asignaciones familiares se dispuso en setiembre último en cada fuerza.

El Ejecutivo procedió además a ajustar el presupuesto vigente del ministerio de Agricultura, a través de compensaciones de crédito para cumplir con sus necesidades operativas, y dispuso además el ajuste de las partidas asignadas oportunamente al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), el Instituto Nacional de Semillas y del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), organismos estos descentralizados y que funcionan bajo la órbita de dicha cartera.

Los cambios impuestos en las partidas presupuestarias se concretaron a través de la Decisión Administrativa 19, firmada por el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino.

La medida fue adoptada el pasado 23 de diciembre y publicada ayer (26/12) en el Boletín Oficial.