La resistencia se debe a que el texto desarma el Registro Nacional de Trabajo Agrario (Renatre), un ente autárquico conformado por las entidades agropecuarias y la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), encargado de inscribir a los trabajadores y empleadores rurales.

A cambio crea el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Argentinos (Renatea), que contaría con una estructura descentralizada, camisones regionales y personal para actividades específicas. El poder de mando sería monopolizado por le Ministerio de Trabajo.

"Constituye un avance en materia de los derechos humanos”, destacó el chubutense Mario País, miembro informante de la bancada del Frente Para la Victoria.

“Se busca terminar con la precarización del trabajo agrario, debido a que los trabajadores se encuentran desprovistos de los más elementales derechos laborales. Creemos que esta es una legislación justa, y da adecuada respuesta a los vacios legislativos", agregó.

El proyecto fue tratado esta mañana (14/12) en un plenario de las comisiones de Trabajo, Asuntos Agrarios, Previsión Social y Presupuesto y Hacienda. La sesión fue presenciada íntegramente por Venegas.

Pero no fue el único: Roberto Mouillerón, diputado alineado a Felipe Solá, presentó su propio dictamen consensuado con Uatre, que presionó con sus militantes desde afuera del recinto. La iniciativa mantiene la constitución del Renatre y agrega derechos a los trabajadores que también plantea el texto oficial.

Los titulares de las comisiones comenzaron a recolectar firmas. La excepción fue Recalde, quien se retiró antes excusándose de estar en un post operatorio, pero antes aclaró que no se jugará a todo o nada por el texto oficial.

"No se ha llegado a consensuar en un solo dictamen. Debemos continuar intentando el diálogo, para ver, si podemos acordar, porque hay tiempo hasta que lleguemos al recinto", requirió el abogado de Moyano.

Mouillerón aseguró que Plaini y Juan Facundo Moyano le dejaron claro que no firmarán ninguno de los dictámenes. El hijo del jefe de la CGT lo hizo explícito: "No entendemos porque tiene que tratarse con esta urgencia un proyecto por demás importante. Cuando la verdad es que necesita un debate responsable. Yo creo que esto tiene un fuerte trasfondo político", le dijo al portal NCN.

El plazo para firmar es de 48 horas y es el mismo tiempo que el jefe del bloque K Agustín Rossi dispuso para tratar el proyecto, que fue pautado para llegar al recinto el viernes, en una semana planeada por el Gobierno para sancionar todos las leyes que anhela de hace tiempo.