A través de una resolución firmada por el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, se dispuso la creación de un “Registro Nacional de Fabricantes, Distribuidores y Comercializadores de Pasta Celulosa y Papel para Diarios” que será manejado por la Secretaría de Comercio Interior, que conduce el polémico Guillermo Moreno.
Pero además, el Gobierno nacional definió una serie de medidas que le permitirán tener el control del papel para diario (la ley declara de interés público toda la actividad). Por un lado, establece que para el primer trimestre de este año Papel Prensa SA (donde el Estado tiene el 27 por ciento de las acciones) deberá producir 42.500 toneladas de papel para diario, ya que fija este número como el “volumen estimado de producción nacional”. A la vez, establece como necesidad de importación 20 mil toneladas.
Estos números que se desprenden de la resolución nueve firmada por Lorenzino no funcionan sólo como estimaciones de las necesidades de los periódicos y revistas, sino que le servirán al Gobierno para hacer cumplir una de las cláusulas transitorias de la ley, que es la que le abre las puertas al Estado para ampliar su participación dentro de la empresa con la posibilidad de controlarla.
Es que en otro artículo de la misma resolución, se obliga a Papel Prensa a presentar “durante el mes de febrero de 2012” ante la Secretaría de Comercio Interior un ambicioso plan de inversiones previsto en el artículo 40 de la ley. La meta es que en tres años la fábrica pueda cubrir el ciento por ciento de la demanda, lo que en números de hoy implicaría producir las 42.500 toneladas que se fijaron para este primer trimestre y las otras 20.000 que se prevé importar. Si los accionistas privados no pueden cumplir este objetivo, que significa elevar la producción 47 por ciento en tres años, el Estado queda habilitado para hacer inversiones y hacerse del control accionario. Por esta serie de condiciones, que quedaron ratificadas en la resolución que le da a Moreno amplias facultades, las empresas periodísticas y casi toda la oposición rechazó la ley aduciendo que viola la libertad de expresión.
Además, la Resolución 9 de Economía, concede 22 días a las empresas que intervienen tanto en la producción, distribución y comercialización como a los periódicos y revistas a inscribirse en un Registro Nacional que manejará Moreno. Si no lo hacen, quedan excluidas de la cadena.
Por otro lado, también se crea la Comisión Asesora que integrará un diario de cada una de las provincias del país (exceptuados los del Grupo Clarín y La Nación), la que deberá realizar los informes periódicos del mercado para definir las necesidades y metas que deberá cumplir Papel Prensa.
También, la resolución contiene precisiones sobre las sanciones que se aplicarán en caso de incumplimientos. Se establece que las multas ascenderán al equivalente en pesos de entre una a 100 mil toneladas de producción de papel para diario. En el caso de la suspensión y la clausura se aclara que “no podrán ser mayores a una parada técnica”.
Desde la oposición, la diputada Patricia Bullrich fue la primera en levantar la voz. “Moreno no cumple entre otras cosas con el requisito de imparcialidad, ya que recordemos que él en persona, encabezó una ofensiva contra Papel Prensa. El 12 de agosto de 2010, por ejemplo, irrumpió en la sede de la papelera, en la que el Estado posee el 27 por ciento, con guantes de box y, recurriendo a amenazas y gritos, impidió que se realizara una votación de los socios”.