De esta manera, se modificaría el inciso 1° del artículo 52 del Código Nacional Electoral (Ley 19.945).

En los fundamentos, los diputados sostienen que “avanzar hacia el régimen de boleta única importa una mejora sustancial de la calidad democrática porque le permite a la ciudadanía ejercer el derecho al voto de manera más simple, evitando distorsiones y picardías políticas que nuestro sistema electoral ha permitido siempre sin que, hasta el momento, se lo haya intentado corregir”.

“Los argentinos –consideran- debemos dar este salto cualitativo, en beneficio propio y de nuestro sistema democrático, sin dilaciones”.

El proyecto parte de la premisa de que “si el monopolio de las candidaturas políticas está en manos de los partidos, el Estado es quien debe asegurarle a la ciudadanía el derecho al voto en condiciones de absoluta igualdad”.

Asimismo, Milman y Stolbizer explican que “con el régimen de boleta única se garantiza el derecho a la participación y fiscalización automática e igualitaria a todas las fuerzas políticas que participan de la elección” y que “se asegura, al mismo tiempo, que no falten boletas en ningún cuarto oscuro del país, pues es el Estado el encargado de proveer en el mismo acto comicial un ejemplar a cada elector por cada una de las categorías electivas en juego”.

Con esto, los diputados buscan acabar con “toda posibilidad de fraude por la vía de la falta de boletas o de las maniobras que, habitualmente padece nuestra democracia, de sustracción de las mismas”.

Por último, el régimen de boleta única “le asegura a todos los partidos el estar representados aunque no cuenten con fiscales suficientes”, según indica el proyecto, lo que pondría en igualdad de condiciones a los partidos “chicos”, frente a los partidos de mayor trayectoria que cuentan también con mayor presupuesto.