Asimismo, los legisladores elevaron a la Cámara Alta los proyectos de ley reclamados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), referidos a incorporar al Código Penal como delitos aquellas acciones que afecten el orden económico y financiero, y el que penaliza "las actividades delictivas con finalidad terrorista".

"Pensamos en la soberanía alimentaria de los argentinos, en nuestro presente y en el futuro de nuestros hijos", enfatizó el diputado Luis Cigogna, titular de la comisión de Legislación General de la Cámara baja, quien aclaró además que el texto "no invade facultades de las provincias", como había cuestionado la oposición.

En el marco del debate, que fue aprobado por 153 votos a favor y 26 en contra, tras más de 17 horas de debate, la diputada del FpV de Córdoba, Nora Vedano, dijo que con esta norma se busca que la tierra argentina "quede en manos de los argentinos, para que sirva para la productividad y también para la construcción de viviendas".

Desde el radicalismo, el diputado Pablo Orsolini, destacó la importancia de sancionar una ley para limitar la extranjerización de tierras, al sostener que se trata de "un primer grano de arena para comenzar a frenar la concentración de la tierra".

Por el FAP, el diputado del GEN, Omar Duclós, sostuvo que se trata de un tema "verdaderamente urgente", al asegurar que "a todos nos preocupa el avance en la extranjerización" y enfatizó que "estamos ante un proceso acentuado y es necesario detenerlo para preservar este recurso estratégico".

En tanto, el diputado de la Coalición Cívica-ARI, Horacio Piemonte, consideró que se trata de una ley que tiene "un valor fundamental para evitar que la Argentina siga siendo zona de remate", al anticipar el respaldo de ese bloque en general a la iniciativa aunque adelantó que planteará disidencias parciales.

Felipe Solá, del bloque Unión Popular, consideró que la norma "es un punto de partida" y destacó la necesidad de avanzar en el texto, al advertir que "la crisis hace que los capitales puedan llegar en un número inusitado y sin que nadie pueda preverlo" y dijo que "lo que importa es que el objetivo está logrado".

La norma enviada por el Poder Ejecutivo había recibido el martes dictamen en un plenario de las comisiones de Legislación General, que preside Cigogna; Asuntos Constitucionales, a cargo de Diana Conti y de Agricultura, presidida por Luis Basterra.

El texto tomó como base la propuesta que el Poder Ejecutivo envió a la cámara en abril pasado e incorporó modificaciones planteadas por la mayoría de los bloques, como el que redujo, por ejemplo, del 20 al 15 por ciento el porcentaje del territorio nacional permitido para que esté bajo posesión extranjera.

Además, según el texto –que no prevé retroactividad y por ende no vulnera derechos adquiridos– de ese 15 por ciento total no podrá haber más del 30 por ciento en manos de "personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad".

La iniciativa establece que las tierras en poder de extranjeros "no podrán superar las mil hectáreas o superficie equivalente en la zona núcleo determinada por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales".

El proyecto, en su artículo 11, advierte que se "atenderán los tratados bilaterales de inversión suscriptos por Argentina", vigentes a la entrada en vigor de la ley y que "no se entenderá como inversión la adquisición de tierras rurales por tratarse de un recurso natural no renovable".

A través de la iniciativa, en tanto, se crea un Registro Nacional de Tierras Rurales que realizará un relevamiento catastral y dominial y un Consejo Interministerial de Tierras Rurales.

La norma fija además excepciones para aquellos extranjeros "unidos en matrimonio con ciudadanos argentinos" o que "tengan más de 10 años de residencia permanente y probada" y establece estrictas prohibiciones para la venta de superficies que "contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes", publicó Infobae.

"El espíritu y la letra del proyecto no sólo apunta a regular un previsible incremento de la propiedad extranjera sino a la necesidad de limitar un proceso de concentración de grandes extensiones de tierras en manos de capitales financieros", enfatizó el texto en los fundamentos.

Ley Antiterrorista

Durante la sesión especial, se aprobó también y giró al Senado los proyectos de ley reclamados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) referidos a incorporar al Código Penal como delitos aquellas acciones que afecten el orden económico y financiero, y el que penaliza "las actividades delictivas con finalidad terrorista".

El texto referido a la temática bursátil crea cinco nuevos delitos: el uso indebido de información privilegiada de empresas que cotizan en bolsa; la captación fraudulenta de ahorros públicos; el cohecho financiero; la manipulación de valores negociables, la captación de ahorros, explicó la agencia DyN.

Respecto al texto sobre antiterrorismo, duplica las penas para los delitos ya establecidos en el Código Penal a quienes "directa o indirectamente" financien el terrorismo y actividades afines. Pero además, sostiene que serán considerados como tales algunos de los delitos que sean "cometidos con la finalidad de aterrorizar a la población" u obligue a gobierno nacional o extranjeros "a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".

Aunque en el párrafo siguiente sostiene: "Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando él o los hechos de que se traten tuvieran lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derechos constitucional". El presidente de la comisión de Legislación Penal, el oficialista Oscar Albrieu, defendió ambos proyectos y el tratamiento de las dos iniciativas se debe al cumplimiento de "estándares internacionales".

Transparencia financiera. En relación a la penalización del delito bursátil, indicó que se trata de "una modificación al Código Penal para penar, reprimir y prevenir las actividades que ponen en riesgo transparencia bursátil y el sistema financiero nacional".

Respecto al financiamiento del terrorismo, dijo que es un tema que "no solo preocupa a nuestro país" y afirmó que la norma "no crea nuevos delitos sino un agravante general para todos los delitos existentes" y, además, agrega "un agravante genérico que se da cuanto el propósito del autor es atemorizar a la población".

Desde el radicalismo, el porteño Manuel Garrido disparó contra ambos proyectos y criticó "la urgencia con la que se están tratando estas modificaciones al Código Penal", además de añadir que esa situación "no debe ser óbice para la calidad de su redacción y aún menos debe redundar en incorporaciones contrarias a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales a los que se comprometió la Argentina sobre la materia y la protección de los derechos humanos".

Al marcar diferencias con las normas, sostuvo que "el tipo penal de terrorismo que se propone abre la puerta a abusos y viola la necesaria certeza que debe existir para que no haya riesgo de represión indebida y de violación de derechos humanos". Por Libres del Sur, Victoria Donda, en representación del FAP, expresó "el enérgico voto negativo a las normas puestas en tratamiento", cuestionó su tratamiento "apresurado" y aseveró que, de aprobarse la norma de terrorismo, se agravará "aún más la situación de aquellos cinco mil luchadores sociales que todavía están detenidos por defender sus derechos".

El jefe de Proyecto Sur, Fernando "Pino" Solanas, a su turno, consignó que "la ley antiterrorista que propone el oficialismo es una ley para asegurar el saqueo de recursos naturales de América Latina y de Argentina" y afirmó que "esta legislación antiterrorista es el reflejo del cambio de modelo que se esconde detrás del ropaje progresista de este gobierno".

El denarvaeizta Gustavo Ferrari cuestionó la definición de terrorismo propuesta y dijo que "al dejar un modelo tan abierto, podemos habilitar que la protesta social sea penada y considerada terrorismo"; anunció que su bancada tenía dictamen propio -apoyado en el recinto por el macrista Federico Pinedo- y pidió mayor precisión al definir terrorismo, así como los bienes jurídicos a proteger. La castellsista Ramona Pucheta adelantó su "voto negativo" al afirmar que con esta normativa "se está criminalizando la protesta social" y aseveró que "los verdaderos terroristas son los imperialistas, los mismos que tratan de que este proyecto se haga ley".

Hoy debatirán el contrato del peón rural

En Diputados se debatirá hoy el proyecto del PEN que plantea modificar el régimen de contrato de trabajo agrario, en medio de la resistencia de los obreros de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), de las entidades del campo y sin el apoyo de los legisladores de la CGT. El principal cuestionamiento al proyecto es que deja sin efecto al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre).