El último día hábil del año pasado, la presidenta Cristina Kirchner firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para autorizar un aumento del gasto estatal de 2011. Pero fue un paso más allá: incorporó un artículo que pone bajo revisión los sueldos de más de 300.000 empleados públicos.

El artículo 8 del DNU establece que a partir del 1° de enero de 2012 los pagos de adicionales, bonificaciones o plus a los empleados públicos, de empresas estatales, organismos descentralizados e instituciones de Seguridad Social deberán “adecuarse” a los requisitos que fije el Gobierno “para confirmar su procedencia y, en su caso, limitar su alcance” .

De inmediato, fija que “los titulares de las jurisdicciones y entidades comprendidas en el presente artículo remitirán a la Secretaría de Hacienda las actuaciones administrativas necesarias para la convalidación de los regímenes y autorización de los respectivos pagos”. Y para que no queden dudas, añade: “Los regímenes, disposiciones y medidas cuya procedencia no se convalide quedarán sin efecto” .

En los fundamentos del DNU se dice que el propósito de la medida es “reordenar” los “pagos extraordinarios” del personal público “no incluidos en su sueldo mensual, normal, regular, habitual y permanente asignado en función de su cargo y categoría de revista”.

“Si bien el decreto deriva su aplicación y modalidades a una próxima reglamentación, es claro que apunta a limitar o eliminar toda una serie de rubros de los salarios de los empleados públicos, es decir, implica una reducción salarial . En ese caso, se estaría regresando a la política de los años ‘90 , cuando por medio de leyes o decretos se modificaban acuerdos colectivos, a la baja”, le dijo a Clarín el asesor legal de ATE, Matías Cremonte, uno de los que negocia la paritaria estatal. La inclusión de este artículo, dijo, “es parte de una ofensiva oficial iniciada meses atrás”.

“Antes de la paritaria general de mayo, desde la Secretaría de Hacienda se envió una nota a los titulares de cada organismo advirtiendo que todo aumento que exceda lo establecido a nivel general se encontraba fuera de lo permitido. Luego hizo lo propio, a modo de circular, la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial. Y ahora se incluyó en un DNU, que tiene fuerza de ley”.

En el Estado, el salario se fija mediante la negociación colectiva, entre el Estado y los sindicatos. Así, la mayoría de los trabajadores están regidos por un convenio colectivo de trabajo general y, a su vez, por convenios colectivos sectoriales por escalafón (SINEP, personal civil de las FFAA. INTI, INTA; profesionales de la salud, CNEA; Orquestas, coros y ballet, etc. Otros empleados del Estado cuentan con sus propios convenios colectivos de trabajo, como AFIP, ANSES o PAMI.

Así, distintos organismos pagan adicionales mensuales, plus, bonificaciones, “horas electorales”, “horas censales” o “Unidades retributivas” cuya distribución y percepción “dependen muchas veces de la discrecionalidad y la arbitrariedad de los ministros o funcionarios” , dijo Cremonte.

Entonces, según abogado de ATE se busca eliminar esos beneficios salariales que “son un derecho adquirido” de los trabajadores.

“Sin ir más lejos, en estos días el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en un conflicto entre ATE y el INTI, por medidas de fuerza en reclamo de un plus de fin año que, desde hace una década percibían los trabajadores del INTI (en el 2010 fue de $ 2.500 y esta vez reclaman $ 4.000), y que el organismo se niega a pagar , amparado en esa circular gubernamental” Según el gremio, todos los pagos llamados extraordinarios son parte del salario normal y habitual de los trabajadores. Porque, por ejemplo, los pagos “extraordinarios” de fin de año se repiten cada año con lo que pasaron a ser normales y habituales, e integran entonces el salario.

“Reducir salarios no es el camino para enfrentar la crisis internacional” , dice Cremonte, sin dejar de mencionar el intento de ajuste en Santa Cruz y Rio Negro.

Del decreto se desprende el inicio de todo un proceso de revisión de los convenios sectoriales para determinar qué entiende el Gobierno por rubros salariales “extraordinarios”.