En rigor, el Estado Nacional comienza a auditar sus cuentas para reducir los déficit, el principal problema que enfrentarán las provincias -y también las cuentas del Estado Nacional- en medio de la feroz crisis internacional.

Un informe de las consultora económica Federico Muñoz & Asociados muestra que los pasivos de las provincias se achicaron 8 por ciento en 2010 -gracias al Fondo de Desendeudamiento-, bajando la relación entre deuda y PBI a 6,7 por ciento (2,5 puntos menos que en 2009).

Pero este mismo estudio señala que, al mismo tiempo, los ingresos de las provincias se desaceleraron producto de la moderación de las transferencias de Nación. Y afirma que el principal escollo para el equilibrio de las cuentas públicas es la "erosión" que produce el frenético crecimiento del gasto.

"El gasto público del consolidado provincial sigue lejos de moderarse y no da señales de racionalidad. Desde el 2007 acumula una suba de cinco puntos del producto y superó la barrera del 18 por ciento, una dinámica que empujó las cuentas provinciales otra vez en zona de insustentabilidad. Todo sugiere entonces que, tras casi una década de holgura, también para las provincias ha llegado la hora del ajuste fiscal”, apunta el documento.

Este mismo análisis parece haber bajado desde la Casa Rosada. Así queda demostrado en su interés por auditar las cuentas de los gobernadores periódicamente. Y ya se observa también en las medidas de ajuste que lanzaron varios de los mandatarios que debieron ingresar en este refinanciamiento.

El gobernador de Mendoza, Francisco "Paco" Pérez, anunció que para revertir el déficit congelará ascensos, contratos, nombramientos y horas extra al menos durante los tres primeros meses del 2012, pero con la posibilidad de prorrogar la medida durante todo el año.

Carlos Soria, de Río Negro, consiguió aprobar por ley el estado de emergencia provincial, que entre otras cosas dispone el pase a disponibilidad de 20 mil empleados de la administración pública por el lapso de 180 días hábiles, período en el que se analizará las funciones de cada uno y posiblemente se prescindirá de parte de ese masa laboral.

El mismo objetivo busca Daniel Peralta en Santa Cruz con otra iniciativa de "emergencia económica", que aumentará la presión tributaria en todos los escalones productivos de la provincia, pero llamativamente deja fuera a los casinos, propiedad del empresario K Cristóbal López.