En su presentación, Stornelli estimó que tenía "pruebas" suficientes sobre "eventos irregulares". Entre otros, el supuesto cajoneo de reportes de operaciones sospechosas (ROS) de aliados del Gobierno y la filtración de información sensible perjudicial para empresas e individuos enfrentados con el kirchnerismo, lo que llevó al corte de colaboración con su par estadounidense (FinCen, en inglés).

El fiscal -que tras un período como ministro de Seguridad bonaerense retornó a la Fiscalía desde la cual impulsó el "caso Armas", que llevó a la detención del ex presidente Carlos Menem- acusó a las autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF) de presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, encubrimiento agravado por omisión de denuncia y violación de secretos, con penas de prisión efectiva, multas e inhabilitación. LA NACION intentó comunicarse con Sbattella, que no respondió las llamadas.

Tras radicar la denuncia, sin embargo, Stornelli debió desentenderse de su instrucción. Por sorteo, recayó en el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Eduardo Taiano, que evaluará si impulsa la pesquisa. Antes, deberá verificar eventuales conflictos de competencia con otros expedientes que instruyen los jueces Sergio Torres y Norberto Oyarbide, indicaron fuentes judiciales a LA NACION.

Según detalló en su escrito, Stornelli abrió la investigación preliminar luego de que LA NACION publicara la nota de investigación "Jóvenes K utilizan la oficina antilavado contra adversarios", el 15 de mayo pasado.

La información recopilada en esa línea por la Fiscalía, destacó Stornelli, lo llevó "a presumir que podrían haberse incumplido las normas de actuaciones de la UIF que rigen tan delicada actuación en materia de investigación de conductas pasibles de ser consideradas como lavado y omitido la formulación de denuncias ante el Ministerio Público".

Falta de idoneidad

Para eso, el fiscal detalló que tomó declaraciones testimoniales, recopiló más de 27 anexos de documentación y adjuntó también otros cinco artículos publicados en LA NACION, despachos de la agencia oficial Télam y notas de Tiempo Argentino e iProfesional.com, entre otros medios.

Stornelli determinó, por ejemplo, que sobre 130 pedidos de levantamiento de secreto fiscal requeridos por la unidad "sólo dos casos habrían tenido trámite posterior en la UIF": los abiertos contra dos altos ejecutivos del Grupo Clarín, José Antonio Aranda y Lucio Rafael Pagliaro.

Tras revisar sus antecedentes laborales y académicos, la Fiscalía concluyó además que Sbattella y otros funcionarios carecían de la idoneidad mínima antilavado para asumir al frente de la unidad: "Como surge de los legajos y antecedentes anexados, no sólo el titular de la UIF podría haber carecido de experiencia en el asunto, sino que parte de los representantes de los distintos estamentos del Estado que debían asesorarlo tampoco ostentarían conocimientos -siquiera similares- que los habilitarían como expertos en la temática". Más aún, remarcó, ni siquiera son funcionarios de los organismos que representan.

Stornelli ejemplificó esa carencia de preparación. "La vocal designada en representación de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico [Sedronar], Dra. María Laura Gómez, habría revestido como relatora del Tribunal Fiscal de Apelaciones" bonaerense. Allí, la mujer de Sbattella es una de las vocales y su ex presidenta.