La institución, encargada de cobrar a los deudores, indicó que sólo pudo recuperar en esos ocho años –los del gobierno de Lula Da Silva– 1.500 millones de reales, 845 millones de dólares, o sea 2,34 reales de cada 100 robados .

La revista Veja publicó el sábado estimaciones de la poderosa Federación de Industrias del estado de Sao Paulo (Fiesp) con cifras incluso más impresionantes: 720.000 millones de reales, casi 406.000 millones de dólares, habrían sido desviados de las arcas públicas en los últimos 10 años. El dinero equivale a un 2,3 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) del país por año, precisó Veja.

O Globo cita como ejemplo el caso del ex senador Luiz Estevao (Partido del Movimiento Democrático Brasileño, centro), condenado en 2001 a devolver 900 millones de reales, en valores actualizados, y que hasta ayer sólo devolvió 54,9 millones al Estado. Por ley, las acciones no prescriben, pero muchos acusados transfieren patrimonio a terceros , precisó el diario.

Cuatro ministros del gobierno de Dilma Rousseff se vieron obligados a renunciar en 100 días tras ser acusados de corrupción. Un quinto ministro, el de Deportes, Orlando Silva, a cargo de los preparativos de la Copa del Mundo 2014 y de los Juegos Olímpicos de Rio 2016, fue acusado de corrupción la semana pasada y es investigado por la justicia y la policía.

La confirmación en el puesto y el apoyo de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, como del ex presidente Lula da Silva, quien operó durante toda la semana pasada para sostener a Orlando Silva en el gobierno, no bastaron para calmar la ola de acusaciones de corrupción que tiene en jaque al ministro. Por segundo sábado consecutivo, nuevas acusaciones de corrupción que involucran al titular de la cartera de Deportes salieron a la luz , difundidas por los diarios Folha de Sao Paulo y O Estado de Sao Paulo , lo que aumentó la presión para que renuncie.

Los escándalos en el gabinete y en el Congreso han inspirado en las últimas semanas en Brasil multitudinarias protestas convocadas a través de las redes sociales, en reclamo de una “limpieza” en la administración pública  

Fuente. Clarín